LA
ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN EN EUROPA (1975-2004).
1.
Los inicios del reinado de Juan Carlos I y la Transición democrática española (1975-1982).
2.
La Constitución de 1978 y el sistema democrático español: principios,
instituciones y el Estado autonómico. La Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
3.
Los gobiernos democráticos y la integración de España en la Unión Europea.
1. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA DE
1975 A 1978.
1.1 Los primeros pasos: de Arias
Navarro a Adolfo Suárez.
a) Opciones a la muerte de
Franco.
Después de la muerte del general
Franco, se planteaban en España tres posibles alternativas:
· Continuidad sin cambios del sistema
franquista defendida por los franquistas puros o inmovilistas, el Búnker.
· Ruptura democrática: disolución inmediata de las
instituciones franquistas y la formación de un gobierno provisional que
garantizase el establecimiento de estructuras democráticas. Defendida por los
integrantes de la Junta Democrática.
· Ruptura pactada o reforma de las instituciones franquistas,
para que desde la legalidad se desembocara paulatinamente en el sistema
democrático. Defendida por los miembros de la Plataforma de Convergencia
Democrática y el sector aperturista de personalidades vinculadas al régimen
franquista.
b) La posición de partida del
Rey.
Dos días después de la muerte de
Franco, es decir, el 22 de noviembre de 1975 las Cortes franquistas proclaman,
según voluntad del dictador, a don Juan Carlos como rey de España.
El papel del rey fue decisivo,
sus ideas eran un enigma, había sido nombrado por Franco y la oposición creyó
que con él continuaba el franquismo. De él desconfiaban desde los franquistas
puros hasta amplios sectores monárquicos que seguían a su padre, don Juan, que no
había renunciado todavía a sus derechos. Sin embargo en este contexto se va a
convertir en un motor del cambio, optando por la vía reformista y partiendo de
las instituciones franquistas empieza el camino hacia el restablecimiento de las
instituciones democráticas. Para realizar este cambio va a contar con tres
hombres claves con puestos de responsabilidad en el franquismo: el teniente
general Gutiérrez Mellado, Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez.
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Adolfo Suárez, Torcuato Fernández-Miranda y el general Gutiérrez Mellado |
c) Gobierno de Arias Navarro
(Diciembre 1975-Julio 1976).
En un principio, se confirmó como
Presidente del primer Gobierno de la Monarquía a Arias Navarro, era lo más
conveniente para garantizar la estabilidad en un momento de gran incertidumbre
sobre el futuro, no obstante éste se vio obligado a incluir en su gobierno a
varios ministros de corte aperturista: Fraga, Areilza, Garrigues... Arias Navarro,
a pesar de su talante franquista y consciente de la nueva situación inició
una serie de cambios que no eran sino un “maquillaje” para no desmontar el
régimen:
· Indultó a numerosos presos
políticos.
· Legalizó los partidos políticos
(dejando fuera a los nacionalistas y a los comunistas).
· Sin embargo, no habló de
elecciones generales ni de autonomías.
Mientras esto sucedía la
oposición en el exterior acentuaba sus críticas contra la monarquía y el
gabinete de Arias Navarro.
El rey se encontró con que no
podía llevar las reformas hacia la democracia con Arias Navarro a la vez que
las huelgas, manifestaciones políticas y protestas aumentaban en el país. No
era aconsejable destituirlo directamente, por lo que parece ser que después de
un despacho rutinario entre ambos, don Juan Carlos manifestó a Arias Navarro su descontento por la
marcha de los asuntos del país forzando
así su dimisión. Arias que no estaba acostumbrado a ningún tipo de
recriminación y que tampoco tenía demasiado interés por su cargo, presentó su
dimisión sin pensarlo. El rey se la aceptó en el acto.
d) Nombramiento de Adolfo Suárez.
Tras numerosas negociaciones
Fernández-Miranda consiguió que el Consejo del Reino, órgano que asesora al
monarca y que tiene como misión elaborar una terna de candidatos a presidente
del gobierno, en la terna preceptiva para la elección del nuevo presidente del
gobierno incluyese como candidato a Adolfo Suárez, un hombre joven y vinculado
a Falange. En aquel momento era ministro Secretario General del Movimiento y
apenas hacía un mes antes había defendido ante las cortes franquistas la Ley
sobre Derecho de Asociación Política.
El Rey eligió a Suárez el 3 de
julio de 1976, como presidente del gobierno. El nombramiento de Suárez fue mal visto por la
oposición, dado su origen falangista y por los sectores reformistas del franquismo
al considerarle poco capacitado para ejercer la presidencia del gobierno.
Muchos se negaron a formar gobierno con él. A Suárez no le quedó más remedio
que formar un gobierno de segundones que fue calificado, despectivamente,
como un gobierno de “penenes” (interinos).
El rey contaba ya con los hombres
que habían sido llamados a transformar el sistema franquista: Gutiérrez
Mellado al frente del Ejército, Torcuato Fernández-Miranda (desde el Consejo
del Reino) y Adolfo Suárez (desde la presidencia del gobierno). Todos estos
políticos procedían del franquismo y no de la oposición política, por lo que la
reforma se iba a llevar a cabo desde dentro del mismo sistema. El rey se
convertía en el “motor” del cambio” y Suárez en el principal “actor”. Comenzaba
así una nueva tentativa de reforma que esta vez sería definitiva.
e) La convergencia de las
alianzas opositoras en el exterior: la platajunta.
En la primavera de 1976 se
formaría la PLATAJUNTA (también conocida como Plataforma de Coordinacion
Democrática), donde convergen las dos principales organizaciones que
englobaban a los partidos de oposición: la Junta Democrática (dirigida por el
PCE) y Plataforma de Convergencia (liderada por el PSOE), para actuar conjuntamente,
para fijar objetivos comunes:
· Ruptura pactada con el gobierno a
través de un periodo constituyente.
· Liberalización de los presos
políticos y retorno a España de los exiliados.
· Restablecimiento de las
libertades y derechos humanos.
· Legalización de partidos
políticos y sindicatos.
· Reconocimiento de las autonomías
regionales.
1.2 El desmantelamiento del
franquismo y el camino hacia la democracia (1976-1977).
Suárez a todo ritmo y
sobreponiéndose a las adversidades de la desconfianza, la contestación
huelguística y el terrorismo, comenzó a actuar en dos frentes:
· Negociar secretamente con la
oposición,
incluidos todos los socialistas y comunistas, y aceptar la realidad de los
nacionalismos mediante la amnistía.
· Liquidación de las Cortes
franquistas, para
lo que contó con la milimétrica actuación de Fernández-Miranda.
Su objetivo era desmontar el
franquismo desde dentro y adentrar el país en la democracia. Veamos los pasos
más importantes en este proceso.
a) Ley de Reforma Política (15 de
diciembre de 1976).
En virtud de esta ley se
constituirían las futuras Cortes bicamerales (Congreso y Senado), ambas cámaras
elegidas por el voto de los ciudadanos. Aunque dicha ley suponía la liquidación
de las estructuras franquistas y de las mismas Cortes, éstas la aprobaron por amplísima
mayoría (429 votos a favor, frente a 59 en contra y 13 abstenciones). Era la liquidación
política del franquismo. Esta ley marcaba el punto de llegada: un sistema
parlamentario similar al de los países europeos de nuestro entorno, era, en
definitiva, la pieza clave para la transición legal hacia la democracia.
Tras una tensa campaña electoral
cuajada de atentados del GRAPO y de ETA, el 15 de diciembre de 1976 el
pueblo español la aprobó en referéndum por abrumadora mayoría (94% se
pronunciaron por el Sí y un 2,5% por el no).
Simultáneamente Suárez llevó a
cabo una amplia amnistía política y la legalización de los símbolos
nacionalistas: ikurriña, senyera catalana…
b) La legalización de los
partidos políticos (Febrero de 1977).
Entre enero y junio de 1977
Suárez usó el decreto-ley (leyes aprobadas por el Gobierno sin pasar por las
Cortes) para agilizar la reforma. Entre estos decretos se incluía la
legalización de los partidos políticos que aun no lo habían sido. La
legalización del PCE era la verdadera prueba de fuego para el Gobierno, en ella
se vería hasta donde quería llegar, además, su credibilidad internacional
estaba en juego. Si se querían convocar elecciones verdaderamente democráticas
era imprescindible que el PCE pudiera presentarse. El día 1 de abril se
disolvió el Movimiento Nacional. El 9 de abril, domingo de resurrección, era
legalizado el Partido Comunista lo que originó una gran tormenta política e
intentos involucionistas por parte de los franquistas puros. Estaba claro que
el camino iniciado era irreversible.
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El pasado y presente del PCE: la "Pasionaria" y Carrillo |
c) La regulación de las normas electorales
(23 de marzo de 1977).
En este decreto-ley se aprobaron
las normas electorales, las elecciones se harían por sufragio universal
directo. Además de estas leyes se reconocía el derecho a la huelga, la libertad
de expresión,… De acuerdo con estas leyes el 15 de abril del mismo año se
convocaron las elecciones a cortes constituyentes, que habrían de
celebrarse dos meses después, es decir el 15 de junio. Previamente don Juan
cedía los derechos del trono español a su hijo, cerrándose así un motivo más de
incertidumbre.
Junto con todas estas medidas se
produjo una segunda amnistía y se restableció con carácter provisional algunas
instituciones autonómicas como la Generalitat de Catalunya y el presidente de
ERC, Josep Tarradellas, volvió del exilio. También se puso en marcha un
gobierno preautonómico en el País Vasco.
d) Las dificultades.
Los primeros meses de 1977
constituyen la etapa más difícil y delicada de la transición. Las tensiones en
la calle eran muy fuertes tanto por parte de la extrema derecha como de la
extrema izquierda. ETA seguía matando, contribuyendo a desestabilizar el país y
a enervar a los militares. De la misma manera, los sectores inmovilistas
llevaron a cabo atentados, el más famoso fue el asesinato por pistoleros de extrema
derecha de cinco abogados laboralistas del PCE en su despacho de la calle Atocha
de Madrid. El PCE respondió con una impresionante manifestación silenciosa.
Por otra parte la inestable
situación económica generaba continuas huelgas y manifestaciones que caldeaban
todavía más el clima social y político contribuyendo a dar una sensación de
anarquía y caos que era utilizado demagógicamente por los últimos partidarios
del régimen.
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El 24 de enero de 1977 fueron asesinados varios abogados laboralistas por parte de la extrema derecha |
1.3 Elecciones de 15 de junio de
1977 y consenso constituyente.
a) Partidos políticos.
Convocadas las elecciones se
procedió a la formación de diversas coaliciones electorales. Como suele suceder
en todos los procesos de transición política los partidos proliferaron como
setas. Nos centraremos solamente en los más populosos.
DERECHA: La ultraderecha se
presentaba atomizada en un mosaico de partidos sin posibilidades reales de
éxito. El más relevante de ellos era Fuerza Nueva –FN dirigido por Blas
Piñar.
Alianza Popular (AP) encabezada por Manuel Fraga
Iribarne acogía a varios ex ministros de Franco, aunque aspiraba a ocupar el
centro político, pronto fue el partido en el que se integraron muchos
nostálgicos del régimen.
CENTRO: Unión de Centro Democrático
(UCD), conglomerado de partidos de ideología democristiana, socialdemócrata,
liberal, ex falangistas y alguno regionalista, la dirigía Adolfo Suárez que
había conseguido un gran prestigio.
IZQUIERDA:
El PSOE estaba representado por Felipe
González que contaba con muchos apoyos internacionales y una imagen de responsabilidad
por su programa electoral.
Otro partido socialista que luego se integraría en
el PSOE fue el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván
El Partido Comunista de España
(PCE) de Santiago Carrillo concurrió en solitario, no le dio casi tiempo a
preparar la campaña, apelaba al sentido de la reconciliación, pero era mirado
por muchos como un grupo revolucionario a pesar de sus declaraciones.
A la izquierda del PCE, al igual
que pasaba con la extrema derecha, se presentaron un sinnúmero de partidos y la
confusión de siglas y mensajes era de lo más variopinto, a modo de ejemplo
citaremos al Partido Comunista de España Marxista-Leninista.
PARTIDOS NACIONALISTAS:
En Cataluña se presentaron varios
partidos y coaliciones, el más importante fue Pacte Democràtic per Catalunya
una coalición de varios grupos de los cuales el más importante era Convergencia
Democrática de Cataluña –CDC- fundado por Jordi Pujol en 1974. Unió
Democrática de Catalunya, que era un partido democristiano. El PSUC (Partido
Socialista Unificado de Cataluña) se presentó coaligado con el PCE, Esquerra Republicana
de Catalunya que todavía no había sido legalizado…
En el País Vasco, además de los
partidos de ámbito nacional se presentaron también partidos propios. La fuerza
más importante era el Partido Nacionalista Vasco – PNV- de corte
democristiano. En la izquierda se presentó Euskadiko Ezkerra de tendencia
marxista en aquel momento.
b) Los resultados electorales.
En un clima de libertad, en el
que todos los partidos pudieron defender su programa, se celebraron las
elecciones generales el 15 de junio de 1977. Con el 78,7 % de participación,
UCD consiguió 6.400.000 votos y 165 diputados de los 350 que tenía el Congreso
de los diputados. Le seguía el PSOE, que obtuvo 5.371.000 votos y 118 diputados.
Los comunistas (PCE y PSUC) obtuvieron 20 diputados y los franquistas de AP,
16. Respecto de los partidos nacionalistas podemos decir que, en Cataluña, el
Pacte Democratic per Catalunya consiguió 11 diputados, Unió Democratica de
Catalunya, 2, y
Esquerra Republicana de
Catalunya, 1. En el País Vasco, el PNV obtuvo 8 diputados y EE, 1. Adolfo
Suárez fue investido presidente del gobierno, aunque le faltaban 20diputados
para obtener la mayoría absoluta, circunstancia que le obligó a una política de
pactos con los partidos de oposición, especialmente los nacionalistas
catalanes.
Como hecho anecdótico citemos que
con motivo de estas elecciones el gobierno de la II República en el exilio se
autodisolvió al reconocer que en España se había recuperado la soberanía
popular.
c) Proceso constituyente y los
Pactos de la Moncloa.
Abiertas las Cortes, éstas
iniciaron la tarea de elaborar una constitución que sirviera de base para
iniciar la normalidad democrática, de ahí el carácter constituyente de la
legislatura.
Mientras en lo político el
objetivo fundamental era la redacción de la constitución, en lo económico el
fin primordial era combatir la grave crisis económica. Desde hacía varios años
los sucesivos gobierno habían aparcado la toma de decisiones en este sentido y
ahora la situación era insostenible: inflación próxima al 40%, aumento del
paro, déficit exterior galopante… El Gobierno propuso un pacto a todas las
fuerzas políticas y sindicales para combatir la crisis. Estos acuerdos se
conocieron como pactos de la Moncloa y fueron aprobados por todas las
formaciones el día 15 de octubre de 1977. El consenso fue la tónica
dominante, todas las formaciones se comprometieron a luchar contra la crisis,
incluyendo a la patronal y a los sindicatos. Este apoyo al Gobierno fue imprescindible
para poder avanzar en el camino hacia la democracia. Esta política de consenso
culminaría en la elaboración de la Constitución.
2. LA CONSTITUCIÓN DE 1978:
PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y AUTONOMÍAS.
2.1 La constitución de 1978.
a) La redacción de la Constitución.
El encargo de elaborar la
Constitución recae en una Comisión Constitucional formada por expertos, en
concreto siete diputados procedentes de los distintos grupos políticos: Gabriel
Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón –de
UCD-, Jordi Solé Tura – del PCE-, Gregorio Peces Barba –del
PSOE-. Fraga Iribarne –de AP- , Miguel Roca de CiU. Algo que se
criticó a esta comisión fue la ausencia de un representante del nacionalismo
vasco (excluidos por sus peticiones maximalistas en torno a la autonomía
vasca).
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A partir de la izquierda: Fraga, Cisneros, Peces-Barba, Pérez-Llorca, Solé Tura, Herrero y Roca. |
El 31 de agosto el proyecto fue
discutido en las Cortes, tanto el Senado como el congreso lo aprobaron por
amplia mayoría, a excepción de los nacionalistas vascos (que se abstuvieron) y
la extrema izquierda. La Constitución consta de 1 preámbulo, 11 títulos y 169 artículos,
además de 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición
derogatoria y 1 disposición final.
El 6 de diciembre de ese mismo
año se celebró un referéndum, donde el pueblo español le otorgó el apoyo
del 87,9% de los votos.
b) Valores y principios.
Los principios y valores se
concretan en general en el Título Preliminar, siendo después
desarrollados a lo largo de todo el texto en sus diferentes apartados. Nuestro
texto constitucional señala en su Art. 1.1 “España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”
Los principios.
La importancia de los valores que
acabamos de examinar se basa en que dan lugar a los cinco principios
inspiradores del régimen constitucional que funda la Constitución de 1978.
· Estado democrático: La Constitución sitúa la soberanía
en el pueblo, reconoce el pluralismo político y social, al mismo tiempo que
establece una serie de instancias para que el pueblo participe en las
decisiones que le afectan.
· Estado de Derecho: La Constitución de 1978 aprueba
la primacía de la Ley como fundamento de la sociedad moderna, ley a la que todo
debe estar sometido, ese sometimiento a la ley se denomina Estado de Derecho, y
se basa también en la defensa y el reconocimiento de los derechos fundamentales
de la persona.
· Estado Social: Cabe afirmar que el Estado
Social que se propugna en el Art. 1 es un Estado decididamente
intervencionista, un Estado activo. Especialmente en el Capítulo 3º del Título
I donde se contienen los principios rectores de la política social y económica
del nuevo Estado donde los poderes políticos se comprometen a actuar en los ámbitos
familiar, social, laboral, cultural y económico.
· Monarquía parlamentaria. El Art. 1.3 señala que “la
forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. La monarquía
adoptada por la Constitución ha adquirido ya la legitimidad democrática desde
el momento que ha sido refrendada por la voluntad del pueblo. Se trata de una
auténtica monarquía arbitral en la que los poderes del Rey son más simbólicos y
moderadores que efectivos.
· La descentralización del Estado. Es el último principio que
caracteriza al Estado configurado por la Constitución de 1978, esto es, su
carácter de poder descentralizado, aparece también como una respuesta, al
Estado franquista anterior. El espíritu del Estado descentralizado tiene como
precedentes a las dos Repúblicas españolas, y eso ha pesado enormemente en el
momento de adoptar dicho modelo.
c) Instituciones.
El Rey: ocupa la Jefatura del Estado,
su cargo es vitalicio y la Corona hereditaria. Sus atribuciones están
subordinadas a la Constitución y consisten en: representación simbólica de la
nación, sanción de las leyes aprobadas por las Cortes y el mando supremo nominal
de las Fuerzas Armadas (el rey reina pero no gobierna). La Constitución
española de 1978 reconoce la separación e independencia de los tres poderes:
ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es responsabilidad
del Gobierno, que se compone del presidente, los vicepresidentes y los
ministros. El presidente del Gobierno es elegido por el Congreso de los
Diputados a propuesta del rey. Los ministros son nombrados por el rey a
propuesta del presidente del Gobierno.
El poder legislativo se
basa en un sistema bicameral porque las Cortes Generales están formadas
por el Congreso de los Diputados y el Senado, las dos cámaras
elegidas por sufragio universal directo. De todas formas, el Congreso
tiene muchas más atribuciones que el Senado, que, de hecho, sólo tiene
funciones de segunda lectura para los proyectos que han sido aprobados por el
Congreso. El Congreso se compone de un mínimo de 300 diputados y un máximo de
400, elegidos mediante un sistema proporcional. El Senado es una cámara de
representación territorial; la mayor parte de los senadores son elegidos por
los electores de cada provincia mediante un sistema mayoritario, mientras que
el resto son designados por los parlamentos de cada comunidad autónoma.
El poder judicial está
integrado por jueces y magistrados, que son inamovibles, no son objeto de
elección popular, pero se encuentran sometidos al Tribunal Supremo y al
Tribunal constitucional (máximo órgano constitucional). Existe el Tribunal
Supremo, con jurisdicción en toda España, que es el órgano judicial superior en
todos los órdenes, salvo en materias constitucionales, que son competencia del Tribunal
Constitucional.
d) El Estado de las autonomías.
Frente al Estado fuertemente
centralizado del franquismo se abre paso un modelo descentralizado, siguiendo
el ejemplo de la Constitución de 1931. Antes de abordar este asunto en el texto
constitucional, ya se habían inaugurado regímenes preautonómicos en Cataluña y
el País Vasco, con lo que se restauraba el autogobierno y el reconocimiento del
carácter peculiar y diferente de esos territorios. La Constitución declara que España
está integrada por diversas nacionalidades y regiones con capacidad para tomar
decisiones políticas. Las comunidades autónomas son provincias o agrupaciones
de provincias que acceden a su autogobierno, dentro de la indisoluble unidad
de España. Para acceder a la autonomía hay dos vías. La primera es el
artículo 151 que es un camino rápido, y con un alto nivel de autogobierno, a él
se acogieron las llamadas comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y
Galicia). Por esta puerta entró también Andalucía al ser aprobada por mayoría
en referéndum la petición de autonomía. La vía más lenta es la del artículo 143
que se aplicó al resto de comunidades y, aunque preveía un techo competencial
más bajo, todas las comunidades alcanzaron más tarde el mismo nivel que las
históricas. En cuanto a la división territorial, España quedó dividida en 17
comunidades y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). En lo temporal los
estatutos se aprueba entre 1979 (Cataluña y País Vasco) y 1983 (Extremadura y
Castilla y León). Las dos ciudades autónomas obtuvieron sus respectivos
estatutos en 1995. Posteriormente los distintos estatutos han sufrido algunas
reformas, la última en la actualidad.
En cuanto a las competencias, el Gobierno
Central se reserva la exclusividad las competencias sobre relaciones
internacionales, Defensa, Fuerzas Armadas, sistema monetario y Hacienda. Por
otro lado las Comunidades Autónomas tendrán competencias de: urbanismo,
turismo, carreteras, transportes, pesca, enseñanza, policía y protección del
medio ambiente. Cada Comunidad Autónoma formará unos parlamentos propios y
elegirá a su presidente de gobierno propio y las tasas nuevas que en cada una se
puedan crear.
También disponen de recursos
económicos propios para gestionarlos libremente, ya que se financian mediante
los impuestos cedidos por el Estado Central, salvo en el caso del País Vasco y
Navarra que el proceso es inverso. Con el posterior desarrollo de las
autonomías, España quedó constituida por 17 comunidades autónomas más las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En
Castilla-La Mancha las diputaciones y ayuntamientos se pronunciaron a favor de
la autonomía y en Alarcón se presentó el Proyecto de Estatuto que las Cortes
aprobaron el 10 de agosto de 1982. Su territorio comprende las provincias de
Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, y Albacete. Las primeras elecciones
autonómicas de 1983 fueron ganadas por el PSOE, y José Bono fue el Presidente
de la Comunidad. Ganó sucesivas elecciones hasta que dejó el Gobierno autonómico
en el año 2004 al ser nombrado ministro en manos de José María Barreda hasta la
victoria en mayo de 2011 de María Dolores de Cospedal (PP).
3. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DE
1979 A 1982.
3.1 Gobiernos de la U.C.D.
(1979-1982)
a) El gobierno de Adolfo Suárez
(1979-1981).
Cumplida su tarea constituyente,
las Cortes fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones generales para
el 1 de marzo de 1979 para constituir un parlamento ordinario de acuerdo
con la constitución recién aprobada.
Las urnas volvieron a dar la
victoria a la U.C.D., seguida por el Partido Socialista. A distancia se
situaban el Partido Comunista y la Coalición Democrática (de derecha). Nueve
formaciones regionalistas, encabezadas por CiU, con ocho escaños, entraron en
el Congreso. Con estos resultados Suárez procedió a la formación de un nuevo
Gobierno.
Del espíritu de consenso de la
etapa anterior se pasó al de confrontación, los dos principales partidos de izquierda realizaron
una dura oposición al gobierno de Suárez.
En los meses siguientes se recrudecieron
los actos terroristas, y las presiones involucionistas añadieron dificultades a
las negociaciones de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco. En
Cataluña se restableció la Generalitat, Josep Tarradellas, que era presidente
en el exilio era confirmado en su cargo. En el País Vasco el primer
lehendakari, con carácter provisional, no fue el presidente en el exilio sino
el socialista Ramón Rubial, líder del partido más votado en las elecciones
generales de 1977. Ese año de 1979 Cataluña y el País Vasco vieron
redactados y aprobados sus estatutos de autonomía de acuerdo con la
Constitución. Las demás regiones iniciarían la elaboración de sus respectivos
estatutos siguiendo el ejemplo de las anteriores.
En abril de 1979 se
convocaron las primeras elecciones municipales democráticas, en la
mayoría de las grandes ciudades el triunfo fue para la coalición izquierda (el
PSOE y el PCE se presentaron coaligados), era un revés para el Gobierno, a este
le siguieron otros.
Pero los problemas principales
de Suárez no venían de la oposición o de los fracasos electorales, venían del
interior de su propio partido. La U.C.D. era una coalición muy poco
cohesionada y sin una dirección efectiva, donde cada líder de un sector
intentaba hacer valer sus ideas y donde los enfrentamientos y rivalidades eran frecuentes.
Los principales “barones” obstaculizaban continuamente la labor del presidente
que veía como sus apoyos se reducían en el interior de la Unión de Centro Democrático.
En marzo de 1980 se celebraron
las primeras elecciones autonómicas en
Cataluña y en el País Vasco, que dieron el triunfo a los nacionalistas en los
dos casos: Convergencia i Unió (CiU), con Jordi Pujol a la cabeza en
Cataluña y Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.) en el País Vasco. Estos
resultados no hicieron sino incrementar las tensiones en el interior de
la U.C.D.
Paralelamente la oposición se
crecía y en mayo de 1980 el líder socialista Felipe González presentó una
moción de censura contra el gobierno de Suárez, aunque venció el presidente, la
figura del líder de la oposición salió reforzada y se convertía en un candidato
creíble.
Harto de
toda esta situación Suárez dimitió el día 29 de enero de 1981. El rey designó a
Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia. La segunda ronda para su
investidura como presidente del Gobierno quedó fijada para el día 23 de
febrero.
b) El
golpe de Estado del 23 de febrero de 1981).
Los
ánimos en un ejército, donde la mayoría de sus mandos era de formación
franquista, eran tensos y esa tensión aumentaba ante la escalada terrorista de
ETA y la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña,
percibidos por los sectores ultraconservadores como una amenaza contra la
unidad de la patria. La ultraderecha, varios sectores militares y grupos
reaccionarios pedían abiertamente una insurrección. El momento propicio se
presentó el día en el que Leopoldo Calvo Sotelo iba a ser investido presidente.
Tres cabecillas dirigieron el pronunciamiento: el teniente coronel de la Guardia
Civil Antonio Tejero; el teniente general Milans del Bosch capitán de la III
Región Militar con sede en Valencia; y el general de de división Alfonso
Armada.
El golpe
se inició poco después de las seis de la tarde, Tejero con un grupo de guardias
civiles entraba a tiros en el Congreso secuestrando a los diputados, y
anunciando la comparecencia de una autoridad militar superior para hacerse
cargo de la situación. Entretanto Milans del Bosch sacaba los tanques en
Valencia y publicaba un bando similar al de Mola en 1936.
La
operación descansaba en dos puntos básicos: la ocupación de Madrid por la
División Acorazada Brunete, y el apoyo del rey. El jefe de la citada división
se puso en contacto con la Zarzuela y se le informó de que el rey no estaba con
los golpistas. La tarde se desarrolló entre las negativas de varios mandos
militares a secundar la insurrección y los contactos de don Juan Carlos con
todas las autoridades militares dando órdenes estrictas de acatar la legalidad
democrática.
Las horas
pasaban y el tiempo estaba contra los golpistas que veían desvanecerse sus
esperanzas. Hacia la una de la madrugada el rey se dirigió al país con uniforme
de capitán general: “… ante la situación creada por los sucesos desarrollados
en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo
que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor
que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional
dentro de la legalidad vigente”.
El golpe
fracasó pero demostró la fragilidad que aún tenía la democracia en España.
Millones de ciudadanos salieron a las calles para mostrar su repulsa contra el
golpe.
c) El
gobierno de Calvo Sotelo.
El día 24
de febrero Calvo Sotelo era nombrado presidente de un gobierno que duraría año
y medio y que estaría presidido por las disensiones internas en el seno de la
UCD.
Durante
su etapa de gobierno tuvo lugar la aprobación de muchos de los estatutos de
autonomía (menos Extremadura, Baleares, Castilla y León y Madrid que se
aprobarían el 25 de febrero de 1983). Galicia y Andalucía quedaron
constituidas como comunidades históricas, como Cataluña y el País Vasco. En
este periodo se produjo también una transferencia continua de competencias del
gobierno central a las comunidades autónomas. También es de destacar la
colaboración de los partidos nacionalistas con el Gobierno (PNV y CiU) que
aportaron sus apoyos a un gobierno débil. Desde el punto de vista social el
hecho más relevante fue la aparición del “el escándalo del aceite de colza”,
envenenamiento masivo por la venta fraudulenta de aceite en mal estado.
También
en 1981 tuvo lugar la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Con la aprobación de la ley del divorcio se ganó el Gobierno la
crítica, además, de la Iglesia. Una de las últimas medidas de Calvo Sotelo fue
la tramitación del ingreso de España en la OTAN, que se veía como la
antesala al ingreso en la Comunidad Económica Europea. La medida fue
masivamente criticada por la izquierda, el PSOE llegó incluso a reunir 600.000
firmas contra este hecho y prometió convocar un referéndum si ganaba las
elecciones. Pero no sólo la UCD tenía problemas, en la izquierda el PCE sufría
una aguda crisis. Por el contrario el PSOE asistía al reforzamiento del liderazgo
de Felipe González y una mayor moderación en su ideario que le hizo abandonar
posturas radicales.
En este
contexto Calvo Sotelo convocó elecciones anticipadas para el 28 de octubre de
1982 que pondrían fin a la etapa centrista e inaugurarían la etapa de gobiernos
socialistas que estarían en el poder hasta 1996.
3.2 LOS
GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DE 1982 A 2004.
3.2.1 Los
gobiernos del PSOE (1982-1996).
a) La
primera legislatura socialista (1982-1986).
Las
elecciones del 28 de octubre de 1982 dieron el triunfo al P.S.O.E., con el
mensaje electoral del “cambio” y a su líder Felipe González Márquez,
con más de diez millones de votos favorables y la mayoría absoluta en las
Cortes Generales (202 de 350 diputados). Esta mayoría absoluta, repetida en las
elecciones de 1986 y de 1989, unida a
la
alcanzada en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, permitió al
P.S.O.E. gobernar en solitario a lo largo de una década (1982-1992).
La
segunda fuerza más votada, el Partido Popular (denominación que adoptó
Alianza Popular tras su Congreso de 1989), lideró la oposición desde la derecha
si bien prestó su apoyo en campos como la seguridad, el desarrollo autonómico o
las relaciones internacionales. Izquierda Unida (IU), coalición
dirigida por el P.C.E., representa la oposición por la izquierda.
El primer
problema que tuvo que tratar el nuevo gobierno, y que no había sido abordado
durante toda la transición, era el de la grave situación económica que
necesitaba medidas urgentes. Por si fuera poco en 1979 se inició una nueva crisis
del petróleo que conllevó un encarecimiento de los productos. Para solucionar
la crisis económica se tomaron medidas muy duras: devaluación de la peseta,
subida de los tipos de interés, aumento de los impuestos… La medida más
espectacular fue el proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de
muchas empresas siderometalúrgicas que no eran rentables. También se expropió
al holding de Rumasa, una empresa gigantesca que amenazaba quiebra y que
hubiera dejado en el paro a miles de personas.
El objetivo
era sanear la economía, pero las recetas eran muy duras, tras dos años de
ajustes se inició nuevamente el crecimiento económico que sería espectacular en
la segunda mitad de los ochenta.
Podemos
calificar estos años como los años de las reformas. Se reformaron las Fuerzas
Armadas para evitar nuevos golpes de Estado (el último fue abortado en 1985),
también se reformaron los cuerpos de seguridad del Estado para que fueran
eficaces en la lucha contra ETA que se mantenía implacable con atentados
diarios. En cuanto a las reformas de contenido social se aprobó la LODE, la
nueva ley educativa que creaba los consejos escolares en los centros, se
reformó también el funcionamiento de las universidades para aumentar la
autonomía de estos centros. También se reformó la justicia. Pero la reforma más
polémica de esta etapa fue la ley de despenalización del aborto que fue
duramente contestada por la derecha y por la Iglesia católica.
En cuanto
a la política exterior el éxito más notable de esta etapa fue la incorporación
de España a la Comunidad Económica Europea, que era como se llamaba
entonces la Unión Europea, el día 1 de enero de 1986. Sin embargo, el PSOE dio
un gran viraje político en el asunto de la permanencia o no en la OTAN, uno de
los ejes de su campaña electoral, Felipe González pasó del NO a la OTAN a
apoyar la permanencia en ese organismo. Convocó un referéndum y salió el sí
(los medios de comunicación oficiales se volcaron con el sí y el presidente
amenazó con dimitir si salía el no).
b) La
segunda legislatura socialista (1986-1989).
El
Partido Socialista repitió mayoría absoluta en las elecciones de 1986,
Coalición Popular repitió resultados y Fraga renunció como líder abriéndose en
el partido una larga crisis que acabó en 1989 con la elección de José María
Aznar como presidente del partido. Izquierda Unida estuvo a partir de ahora
dirigida por Julio Anguita.
En esta
legislatura se configuró definitivamente el Estado autonómico.
Pero el
hecho más trascendente del periodo es el espectacular crecimiento económico motivado
por las medidas llevadas a cabo en la anterior legislatura y la etapa de
prosperidad a nivel internacional y que llegaría hasta 1992. El aumento de la recaudación
y la llegada de fondos europeos permitieron llevar a cabo una política de inversiones
públicas sin precedentes: construcción de autovías, modernización de vías férreas,
mejora de los servicios sanitarios y educativos…
Sin
embargo, la otra cara de la moneda fue el aumento de las desigualdades sociales
y el crecimiento del paro. Estos hechos fueron denunciados por los sindicatos que
el día 14 de diciembre de 1988 convocaron una huelga general que fue seguida
por cerca del 90% de la población.
c) La
tercera legislatura socialista (1989-1993).
El
Gobierno volvió a ganar por tercera vez las elecciones con mayoría absoluta
pero esta vez con un descenso significativo del número de votantes. Hablar de
esta legislatura es hablar de los acontecimientos de 1992. España organizó dos grandes
eventos a nivel internacional: la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos
de Barcelona. Para ambos acontecimientos se realizaron enormes inversiones económicas:
AVE Madrid-Sevilla, reordenación de las dos ciudades… En general los dos eventos
fueron un éxito. En el 1992 se continuaba el crecimiento económico, esto permitió
completar los planes de carreteras y las dotaciones sociales. Especial importancia
tuvo la inversión educativa dirigida a la nueva construcción de centros escolares
debido a la nueva reforma educativa (LOGSE) aprobada en 1991.
Pero a
partir de 1993 se inició una crisis económica a nivel internacional que afectó
profundamente a España por las enormes inversiones realizadas en 1992. En pocos
meses se hundió el consumo, se disparó la inflación, creció el paro hasta los
tres millones y quebraron muchas empresas, los buenos tiempos habían terminado.
En política
internacional España participó en la guerra del Golfo en 1991 y además, fue
sede la Conferencia de Paz de Oriente Próximo entre israelíes y palestinos por
la que se inició una aproximación entre los dos enemigos acérrimos. En la lucha
contra el terrorismo España se vio beneficiada por la colaboración francesa y
por la unión de casi todas las fuerzas políticas contra el terrorismo. Sin embargó,
estalló el escándalo de los GAL, un grupo armado antietarra integrado
por un grupo de policías y mercenarios, salió a la luz pública cuando dos de
esos policías fueron condenados y acusaron al ministro del Interior. También a
finales de esta legislatura empezaron a aparecer los primeros casos de
corrupción: el hermano del vicepresidente –Alfonso Guerra- fue acusado de
tráfico de influencias; y el escándalo de Filesa,
una trama de empresas que tenían como objetivo financiar de manera ilegal al
PSOE.
d) La
cuarta legislatura socialista (1993-1996).
Las
nuevas elecciones dieron nuevamente el mayor número de votos al PSOE, pero esta
vez los socialistas no tenían la mayoría absoluta y tuvieron que pactar con
Convergencia i Unió.
Si algo
designa esta etapa son los numerosos casos de corrupción que aparecieron. Unos fueron estrictamente financieros (intervención
de Banesto…); otros venían de la
etapa anterior (GAL y Filesa); pero
el caso que más desprestigió al Gobierno fue el de Luis Roldán, director
general de la Guardia Civil, acusado de una estafa millonaria al cobrar
comisiones ilegales por la contratación
de obra pública en los cuarteles. El último escándalo fue la identificación de los
cadáveres de dos supuestos etarras –Lasa y Zabala- que fueron secuestrados, torturados
y asesinados en circunstancia extrañas, las pruebas apuntaban a miembros de la
Guardia Civil.
Debido a
todos estos escándalos el clima político era irrespirable. En 1995 Convergencia
i Unió, aliado indispensable para el Gobierno, votó contra los presupuestos,
Felipe González asumió su derrota y convocó elecciones para mayo de 1996.
3.2.2 Los
gobiernos del Partido Popular (1996-2004).
a) La
primera legislatura el Partido Popular (1996-2000).
Las
elecciones del 3 de mayo de 1996 dieron una ajustada victoria al PP, que
obtuvo 156 diputados mientras que el P.S.O.E. consiguió 141. José María
Aznar fue nombrado presidente del gobierno, pero para gobernar necesitó el
apoyo parlamentario de los catalanistas de CiU y de los regionalistas canarios.
Esta
victoria electoral se completó con las elecciones municipales y autonómicas: en
estas últimas el PP conquistó casi todos los gobiernos autónomos menos
Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco y Cataluña.
El apoyo
de CiU tuvo como consecuencia que el gobierno aprobara algunas medidas
autonomistas, como la cesión del 30 %
del IRPF a las comunidades autónomas y la supresión de los gobernadores
civiles. Por otra parte, el gobierno del P.P. aplicó un amplio programa de privatización
de las grandes empresas de titularidad pública, entre las cuales estaba la
petrolera Repsol y la compañía de
telecomunicaciones Telefónica, esta
política de privatizaciones era inspirada por una ideología neoliberal y por la
necesidad de cumplir con los criterios de convergencia económica europea marcados
por el tratado de Maastricht con el objetivo de avanzar hacia la moneda única
europea. El examen se pasó con éxito, en parte apoyado por un cambio de
tendencia internacional que apuntaba hacia una nueva etapa de expansión
económica. En relación con el terrorismo ETA
proclamó una tregua en 1998, debida
en parte a la masiva protesta por el asesinato
de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, esta tregua acercó al PNV hacia
Herri Batasuna el brazo político de ETA y llegaron a formar un frente único a
favor de la independencia (pacto de Lizarra). Esto ocasionó la ruptura entre el
gobierno de José Mª Aznar y el PNV. En 1999 se acabó la tregua y la
organización terrorista volvió a matar, una de sus víctimas más conocidas fue
el antiguo ministro socialista Ernest Lluch.
También
el Gobierno llevó a cabo un proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas,
con una importante reducción de efectivos, esto conllevó la supresión por primera vez del servicio militar obligatorio.
Uno de
los problemas más graves de estos años fue la llegada de un gran número de inmigrantes,
en gran parte procedentes del norte de África. Esta inmigración era bastante
dramática porque muchos morían ahogados al intentar cruzar el estrecho de Gibraltar.
b) La
segunda legislatura del Partido Popular (2000-2004).
El 12 de
marzo de 2000 se celebraron nuevas elecciones generales, que dieron una
abrumadora victoria al P.P., que obtuvo mayoría absoluta con 183 diputados y el
44,5 % de los votos. Al no tener que contar con Convergencia i Unió el PP pudo aplicar
sin recortes todo su programa electoral.
El nuevo
gobierno Aznar aprobó, con un amplio apoyo, la nueva financiación autonómica.
Sin embargo, fueron muy discutidos la Ley de extranjería, el Plan Hidrológico
Nacional, la Ley de universidades, la Ley de la calidad de la enseñanza y el apoyo
a EE UU en la guerra de Irak, apoyo este último que fue contestado en la calle
por masivas manifestaciones y un 90% de oposición según los sondeos.
Por su
parte, el P.S.O.E. inició un proceso de reestructuración. José Luis Rodríguez
Zapatero fue elegido nuevo líder del partido tras varios intentos de ocupar el liderazgo
del partido (Joaquín Almunia y Josep Borrell).
El día 1
de enero de 2002 se puso en circulación la nueva moneda común a casi todos los
países comunitarios: el euro.
Las elecciones
del día 14 de marzo de 2004, y tras un brutal atentado terrorista de Al
Qaeda en Madrid el día 11, dieron la mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero con
164 diputados frente a los 148 del PP. El día 17 de abril fue proclamado como
presidente del Gobierno, el quinto de la democracia.
Consiguió revalidar una segunda legislatura (2008), pero ante la crisis económica tuvo que convocar elecciones anticipadas (20 de noviembre de 2011), donde consiguió mayoría absoluta el PP, cuando pasó a ser presidente Mariano Rajoy.